Las empresas históricamente han migrado de un lugar a otro, en algunas ocasiones para estar más cerca de la materia prima, otras de la mano de obra, agua, infraestructura básica, y ahora, en lograr una mejor ubicación y cercanía con sus principales consumidores, siempre en la búsqueda de contar con mejores condiciones para relocalizar las cadenas productivas.
En años recientes, distintos sucesos ocurridos a nivel internacional han llevado a las empresas trasnacionales a replantear sus estrategias de producción global. La crisis por la pandemia de covid-19 ocasionó disrupciones en las cadenas de suministro, la invasión de Rusia a Ucrania impactó sobre los precios de bienes agrícolas y energéticos, las tensiones comerciales y políticas entre China y Estados Unidos, profundizaron la tendencia del nearshoring.
Este fenómeno se refiere a una estrategia de relocalización que consiste en transferir las cadenas productivas esenciales, o parte de ellas a países cercanos geográficamente con alianzas fuertes en los mercados con el fin de acercar las distintas etapas del proceso productivo y lograr mayor adaptación frente a un contexto adverso e incierto[1].
Para México, dada la cercanía con Estados Unidos tanto en términos geográficos como de alianzas comerciales, la tendencia representa una oportunidad histórica para recibir mayor inversión extranjera. Sin embargo, a un par de años de haber surgido esta estrategia, es prioritario replantear las mejores prácticas para potencializar los posibles beneficios, los cuales no se concretarán en automático, ni con medidas simplistas. De hecho, habría que revisar de forma transversal las políticas públicas implicadas en la potencialización de este fenómeno, así como reconocer que las distintas regiones del país enfrentan importantes y diversos retos para aprovechar esta oportunidad al máximo y garantizar que se atraiga la mayor cantidad de inversión para la generación de empleos.
México está beneficiándose de la relocalización de empresas y procesos productivos a destinos cercanos a los mercados finales (en el caso que ocupa al país, Estados Unidos).
Las primeras inversiones de nearshoring están llegando a las regiones más industrializadas, en el Norte y Centro del país. Hasta ahora el impacto que ha tenido el desarrollo industrial en el Norte y Centro han saturado estas regiones, colapsado los servicios públicos de agua, energía, seguridad, salud, educación, entre otros. Esto plantea el reto de identificar otros Polos de Desarrollo, dotarlos de manera oportuna y ordenada de infraestructura y servicios necesarios para su desarrollo, lo anterior generará la oportunidad para otras Zonas del país, entre ellas el sur-sureste de participar en la reconfiguración de Cadenas Globales de Valor.
Las empresas requieren contar con infraestructura básica: acceso a energía, agua, gas, telecomunicaciones, vías de comunicación (puertos, ferrocarril, aeropuertos) que den acceso a mercados; la infraestructura básica es imprescindible para los procesos de producción y la movilidad eficiente es clave para el desplazamiento de las mercancías a los consumidores, los proveedores y servicios de soporte, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica son vitales en las cadenas productivas. Paralelamente es necesario fortalecer la infraestructura social: vivienda, salud, seguridad, capital humano capacitado para la actividad industrial. El acceso a financiamiento es otro de los desafíos, no sólo para las empresas, sino para los trabajadores, prestadores de servicio, proveedores, entre otros.
Las cargas regulatorias excesivas son un factor que inhibe y dificulta la relocalización de empresas, se estiman alrededor de 150,000 regulaciones, 6,286 tramites en las distintas dependencias del Gobierno Federal, 850 a 1,000 trámites en cada Entidad Federativa, 250 a 300 trámites en los municipios donde se ubica la empresa. Consideremos oportuno contar con una “Ventanilla Única” como único punto de contacto, donde cuenten los solicitantes con asesoría y una guía para sus trámites, sea una solicitud la que se presente y por una sola ocasión, exista la coordinación entre los tres niveles de gobierno, una sola resolución o pronunciamiento sobre la solicitud, y por supuesto, contar con una plataforma digital que facilite los trámites con firma electrónica.
México requiere de una política pública integral para potencializar la relocalización de empresas a destinos cercanos a los mercados finales (Estados Unidos). La Política Pública, debe de contemplar, entre otros elementos: una Ley que regule la coordinación de los tres niveles de Gobierno y las dependencias que participan, una “Ventanilla Única”, “Incentivos Fiscales”, entre otros temas para dar seguridad a las inversiones, facilitar la capacitación de mano de obra para desarrollar las habilidades y destrezas requeridas, priorizar el desarrollo integral de las comunidades indígenas que se encuentren en los territorios de la relocalización.
En los “Polos de Desarrollo” contemplados en la actualidad, es necesario actualizar la normatividad para generar mayor certidumbre en la concesión de permisos para desarrolladores-operadores. Sugerimos la creación de un organismo público descentralizado, especializado y responsable de la administración de los “Polos de Desarrollo” (existentes y nuevos) para identificar, atraer, retener inversionistas relacionados con el nearshoring, ubicar las Zonas Estratégicas para la relocalización de Cadenas Productivas. Reglamentar, fortalecer e implementar mecanismos de Coordinación Interinstitucional entre la Sedena, Semar y todas las dependencias (25 aprox.) responsables de los objetivos prioritarios, estrategias, acciones puntuales, y con el organismo público que llegare a constituirse. Actualizar la Metodología de Planeación, el Sistema de Evaluación del Desempeño y ajustar la Matriz de Indicadores.
Ante el aumento de los flujos migratorios, consideramos la posibilidad de sellar la Frontera Sur y convertirla en una “Bolsa de Trabajo” para fortalecer las Políticas de atención al Migrante como estaciones migratorias, albergues, guarderías, clínicas, comedores, entre otros. Implementar el “Expediente Único del Migrante” y la “Tarjeta Única del Migrante”.
Estas políticas públicas requieren de un permanente seguimiento por los tres niveles de Gobierno, y deben contar con el apoyo del Congreso Federal por lo que sugerimos la creación en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados de la “Comisión para la Relocalización de Cadenas Productivas”.
Definir un presupuesto actualizado y programado que pueda ser incluido en el “Presupuesto de Egresos de la Federación” (PEF) mismo que deberá estar consensuado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la brevedad para ser incluido en el PEF 2025 que será aprobado en el mes de noviembre por la Cámara de Diputados. Diseñar las herramientas y mecanismos de “Buen Gobierno”, vigilancia y rendición de cuentas.
Robustecer la planeación y programación para el desarrollo de las Comunidades Indígenas donde se relocalicen las empresas a fin de atender las demandas y necesidades que surgieron o surjan de la Consulta Indígena, para priorizar, matizar la participación de los Pueblos Indígenas y el Enfoque Sustentable en el uso racional de los recursos naturales.
En síntesis, nuestra propuesta emerge de la oportunidad y desafíos que hoy representa la relocalización de cadenas productivas, esperamos que esta modesta aportación contribuya a la construcción de una política pública que facilite y concrete la inversión en México.
[1] Fuente: Peter Enderwick y Peter J. Buckley, Rising regionalization: will the post-COVID-19 world see a retreat from globalization? Transnational Corporations Journal 27, no.2 (2020), citado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Publicado originalmente por: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Nearshoring-relocalizacion-de-cadenas-productivas-oportunidad-y-desafios-20240407-0070.html
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