Cuando hablamos de competitividad pensamos en carreteras, puertos, tecnología o energía. Sin embargo, normalmente olvidamos otro factor igual de importante para atraer inversiones y generar empleos: la calidad de las regulaciones y los trámites gubernamentales.
Una empresa que busca instalar una fábrica para exportar a Estados Unidos no solo evalúa costos laborales o acceso a infraestructura. También analiza cuánto tiempo tomará abrir operaciones, qué permisos necesita, qué autoridad los emite y qué tan claras son las reglas del juego. Estos elementos son parte de lo que conocemos como “certeza jurídica”.
Con esta perspectiva, desde México Evalúa analizamos las regulaciones (237 en total) y los trámites (411 detectados) para abrir y operar negocios en ocho estados representativos de las distintas regiones económicas del país. A saber: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Sonora, Yucatán, Michoacán y Oaxaca. De esas entidades, nos enfocamos en 22 municipios afines a la inversión por nearshoring, que concentran, en total, 6 mil 683 corredores industriales.
Los resultados muestran una amplia agenda de mejora con potencial para impulsar el crecimiento económico. De entrada, poco más de la tercera parte de las barreras regulatorias locales identificadas (34%) tienen que ver con trámites de construcción, mientras que 42% están relacionadas con licencias de funcionamiento.
Un cuello de botella detectado en el conjunto de regulaciones analizadas es la falta de claridad en las normas y leyes municipales y estatales. El 60% de las regulaciones revisadas no define con precisión qué o a quién se pretende regular, mientras que en uno de cada cuatro casos no queda claro qué autoridad es responsable de aplicar la norma. Cuando las reglas son ambiguas, aumentan la incertidumbre y los costos para invertir.
También identificamos barreras para la entrada de nuevas empresas. Más de la mitad (53%) de las regulaciones revisadas contiene disposiciones que dificultan el acceso de nuevos participantes a los mercados y el 31% limita la libertad de las empresas para decidir sobre aspectos relacionados con su operación. Estas restricciones reducen la competencia, inhiben la innovación, afectan la productividad y podrían tener efectos inflacionarios en la economía mexicana al incentivar la concentración de pocos jugadores en los mercados.
No obstante lo anterior, las mayores oportunidades de mejora aparecen en los trámites. En muchos casos, los gobiernos no especifican si un trámite debe realizarse de manera presencial o digital, cuál es su costo, cuáles son los tiempos máximos de respuesta, si tiene fecha de caducidad o bajo qué criterios será resuelto por la autoridad. Así, cerca de 45% de las barreras detectadas se relacionan con deficiencias básicas de diseño administrativo.
Los análisis también encontraron que las economías más complejas no necesariamente cuentan con los marcos regulatorios más eficientes. Estados como Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León concentran algunos de los mayores obstáculos para hacer negocios. Aún con crecimiento económico, una entidad federativa podría mejorar si perfecciona sus regulaciones y trámites.
Pero quizá el hallazgo más preocupante de la investigación es la existencia de los llamados “trámites fantasma”. Del total de trámites revisados, prácticamente nueve de cada diez (86%) carecía de fundamento jurídico claro, mientras que solamente 44% se encontraba disponible en los catálogos públicos.
La buena noticia es que estos obstáculos pueden corregirse. Simplificar, clarificar, digitalizar y alinear los catálogos de trámites con las regulaciones vigentes son acciones concretas que pueden traducirse en más inversión, más empleo y mayor desarrollo económico, desde lo local. Los gobiernos estatales y municipales tienen soluciones en sus manos para pasar del diagnóstico a la acción.
Publicado originalmente por: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/tramites-fantasma-y-otras-barreras-al-nearshoring-30454921
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